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En un país donde las leyes “se acatan pero no se cumplen”, miles de armas no registradas u otorgadas ilegalmente a civiles pro-régimen, paramilitares o delincuentes, pululan en las calles.

(Junio 21, 2019 – Javier Brassesco). El congresista republicano Matt Gaetz, para ilustrar lo contraproducente que resulta prohibir el porte de armas a civiles, afirmó en una entrevista en Fox News que eso era precisamente lo que había llevado a cabo el régimen de Nicolás Maduro.

La ex jueza y hoy presentadora de televisión Jeanine Pirro argumentaba que algunas armas están cayendo “en las manos equivocadas”, en referencia a los recientes tiroteos de El Paso y Dayton, que dejaron un saldo de 31 personas fallecidas.

Y luego argumentaba Pirro que en Australia no tienen ese tipo de problemas porque los civiles no pueden tener armas, a lo que Gaetz respondió: “¿Sabes dónde también se confiscaron todas las armas? En Venezuela. Y ahora la gente no puede luchar para sacarse de encima a un dictador socialista”.

Primero hay que aclarar que en Australia no existe una prohibición total: tras un tiroteo masivo en 1996 en Tasmania que provocó la muerte de 36 personas, el gobierno respondió prohibiendo el uso de algunas armas, incluyendo las semiautomáticas.

Los tiroteos masivos (hubo 14 en Australia en la década del 80 y principios de los 90) disminuyeron significativamente tras la implementación de estas leyes, aunque en junio de 2019 una persona asesinó a otras cuatro utilizando una de estas armas que están prohibidas (el mercado negro de las armas es un problema real en Australia), justo cuando este tipo de sucesos parecía haber quedado en el pasado.

El caso venezolano

En el caso venezolano, la afirmación del congresista tampoco es del todo correcta.

En el año 2012 entró en efecto una prohibición de venta de armas de fuego y municiones a particulares supuestamente como una medida para atajar la tasa de homicidios, que en ese entonces era de 48 por cien mil habitantes.

También Nicolás Maduro promulgó en 2013 una ley de desarme, que castigaba con hasta 20 años de cárcel a quien poseyera un arma de forma ilegal.

Pero como suele pasar en Venezuela, todo eso ocurre solo en el papel: en la calle pululan las armas y existe un gigantesco mercado negro. La ley, como tantas otras, no va más allá del papel, y si un policía captura a un ciudadano con un arma ilegal, seguramente el asunto se resolverá por la vía del soborno o el decomiso de dicha arma, sin mayores represalias para su dueño.

La tasa de homicidios por habitante, que en 2018 fue de 81 por cada cien mil habitantes es la mayor para cualquier país del mundo, y deja claro que si algo abunda en Venezuela son las armas y las municiones, las mismas que están prohibidas por la ley.

 Los grupos afectos al gobierno, los paramilitares conocidos como “colectivos”, exhiben además de manera impúdica todo tipo de armas, incluyendo rifles de asalto, como se ha denunciado en innumerables ocasiones y como se ha podido ver en cientos de fotos.

Decir entonces que en Venezuela se prohibieron las armas es seguirle el juego al régimen, u observar las cosas desde la perspectiva de un país en donde las leyes se cumplen. En Venezuela hay legislaciones para todo, y se suele creer que cualquier problema se resuelve promulgando decretos vía ejecutiva. El problema es que en ese país las leyes, como reza el dicho popular, “se acatan pero no se cumplen”.


Imagen inicial: VK.

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