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El derecho a la nacionalidad por nacimiento, aunque sea de padres indocumentados, no puede revocarse con una orden ejecutiva presidencial. El proceso, si se llevara a cabo, implicaría largos procedimientos que involucran a los tres poderes públicos. Hay que ver, después del 2 de noviembre, si esta acción fue un desliz presidencial, una acto con fines electorales o una decisión que el Ejecutivo pretende poner a prueba. Por eso le damos una K amarilla (indeterminado) con tendencia a ser falsa.

Javier Brassesco

(Octubre 31, 2018). En una entrevista con la web de noticias Axios, Donald Trump anunció este martes que planea firmar una orden ejecutiva para poner fin al derecho automático a adquirir la nacionalidad estadounidense a los hijos de padres extranjeros que nazcan en territorio de Estados Unidos

“Somos el único país del mundo donde una persona llega y tiene un bebé y ese bebé ya es ciudadano estadounidense con todos los beneficios (…) Es ridículo y tiene que terminar”, dijo el presidente.

Muchos lo ven como una desesperada huida hacia adelante, un endurecimiento de su postura anti inmigración a una semana de unas elecciones legislativas en donde los demócratas parecen cerca de recuperar la mayoría en la cámara de representantes, pero lo cierto es que su anuncio generará todo un debate constitucional. ¿Puede Trump acabar con ese derecho?

La ciudadanía por nacimiento está garantizada en la décimo cuarta enmienda de la constitución de Estados Unidos, que fue ratificada en 1868, es decir, se trata de un derecho que existe desde hace 150 años. Ya la propia sección 1 de esa enmienda comienza diciendo que “Toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de Estados Unidos…”.

Sin embargo, las raíces de la ciudadanía por nacimiento son mucho más profundas y van más allá de 1868, remontándose nada menos que al año 1608, cuando en el famoso caso Calvin una decisión de los juristas británicos se convirtió en ley común y se adoptó como precedente en los primeros días del sistema legal estadounidense.

Además de estos antecedentes y de la enmienda 14, también existe un antecedente de un caso penal, el conocido caso Wong Kim Ark (1898), cuando la Corte Suprema decidió (por votación 6-2) que Wong podía optar a la ciudadanía invocando la enmienda 14.

¿Orden ejecutiva o reforma constitucional?

Trump podría emitir una orden ejecutiva anulando esta enmienda, pero lo más posible es que la misma sea demandada en primera instancia, lo que le quitaría validez a la acción presidencial.

El gobierno, entonces, apelaría. En caso de que la Corte de Apelaciones del circuito correspondiente también determine (es lo más probable) que modificar una enmienda constitucional escapa a la potestad presidencial, el caso podría llegar a la Corte Suprema de Justicia.

Se trata de un proceso que debería durar unos dos años, y la orden ejecutiva no tendría efecto mientras tanto. Tampoco se cree que pueda tener efecto retroactivo (las leyes con efecto retroactivo suelen ser las relacionadas con impuestos).

En cualquier caso, es un debate que está en el aire: ¿Puede un presidente revocar una enmienda constitucional a través de una simple orden ejecutiva? ¿No se necesita para eso una reforma constitucional?

Trump afirmó en la referida entrevista con Axios que no es necesaria una reforma constitucional, pero no es tan claro. Muchos abogados constitucionalistas afirman que un estatuto constitucional solo puede ser revertido por otro estatuto constitucional, un proceso del que no se puede excluir al Congreso.

Nuestra validación

En la Corte Suprema de Justicia Trump tiene los números, con cinco de nueve magistrados con tendencia claramente conservadora (Clarence Thomas, John Roberts, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh).

En 2017 Trump logró la confirmación de uno de los jueces más conservadores que tiene la Corte, Neil Gorsuch, y más recientemente se la jugó por Brett Kavanaugh y consiguió que fuese ratificado por el Senado.

Ahora bien, una cosa es que se identifiquen con Trump, que se inclinen más hacia el partido republicano, que sean de tendencia conservadora, y otra muy distinta es que respalden la abolición de una enmienda constitucional, nada menos, por la vía de una orden ejecutiva.

No es imposible pero no parece probable que vaya a ocurrir. Sería ir en contra de la constitución y de la propia tradición jurídica estadounidense.

Como dicen muchos analistas, la declaración de Trump podría ser sobre todo parte de una estrategia electoral.

Referencias


Imagen inicial: VK.

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