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La derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, aparte de ser manejada por la Asamblea Nacional Constituyente considerada ilegal por la oposición y sus aliados internacionales, ha sido usada como herramienta de control social, financiamiento ilegal de la “revolución chavista” y fuente de corrupción que ha enriquecido a muchos.

Su nefasto impacto en la economía obliga al régimen a hacer ajustes pero, de acuerdo con la tradición de casi dos décadas y la opinión de economistas, no abrirá el mercado sino quizá flexibilice algunos procedimientos siempre con el ejecutivo como “agente cambiario” efectivo. En fin, variaciones menores que no quitan ni un ápice de poder a la maquinaria chavista.

Javier Brassesco

(Agosto 2, 2018). Los analistas económicos suelen coincidir en que el control de cambio que existe en Venezuela desde hace más de 15 años es una de las principales causas de la fuerte crisis económica que vive el país.

El gobierno, sin embargo, ha insistido en mantenerlo porque es una forma de control social, de evitar la liberación de la economía. Incluso Aristóbulo Istúriz, entonces vicepresidente, llegó a declarar hace menos de dos años: “Si eliminamos el control de cambio nos tumban”:

Sin embargo, el ministro de industria y vicepresidente del área económica, Tareck el Aissami, presentó en la mañana de este jueves un proyecto ante la Asamblea Nacional Constituyente para derogar la ley de ilícitos cambiarios, que es el pilar del control de cambio:

Incluso llegó afirmar que a partir del 20 de agosto el país queda facultado para dirigirse a una casa de cambio y hacer cualquier operación de forma transparente y legal:

La propuesta de el Aissami fue rápidamente aprobada por la ANC en la misma mañana.

Hay un matiz importante, y lo plantea el economista y diputado José Guerra: el órgano facultado para cambiar o derogar la ley de ilícitos cambiarios o cualquier ley es la Asamblea Nacional (controlada por la oposición), no la ANC.

Claro que esto tendría importancia en un régimen democrático donde existiese la separación de poderes, algo que en Venezuela brilla por su ausencia.

Ahora que esos “tecnicismos” legales se los volvieron a saltar sin pudor, ¿Implica una derogación de la ley de ilícitos cambiarios la eliminación del control de cambio? El mismo diputado José Guerra declaró:

La verdad es que no parece haber nada claro. En su breve discurso de presentación de este proyecto, el Aissami solo dice que el objetivo es combatir a “las mafias de extorsión que han colocado marcadores criminales que han acabado con la economía venezolana”. Es decir, el mismo discurso de siempre. En ningún momento menciona la eliminación del control de cambio.

Y habla de que cada persona se podrá dirigir a las casas de cambio “autorizadas por el gobierno” para adquirir divisas de manera transparente “sin tener que recurrir al mercado secundario”.

Así las cosas, el gobierno seguirá controlando las ventas de divisas a través de casas de cambio autorizadas por él. Probablemente se podrán vender dólares en estas casas de cambio pero al precio impuesto por el gobierno. Más de lo mismo, pues si pretenden imponer un precio irreal la gente seguirá acudiendo al mercado secundario.

Es una noticia positiva la eliminación de esta ley, pero abrir un supuesto mercado sin la participación de la banca privada es volver a las mismas recetas que una y otra vez han fracasado.

Tal y como están planteada la situación, analizando no solo el discurso de el Aissami sino también la conducta histórica del gobierno de Maduro, luce improbable (aunque no lo descartamos de plano) que el control de cambio sea eliminado a partir del 20 de agosto.

 


Imagen inicial: VK.

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