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En la llamada República Bolivariana la tortura física y psicológica no solo se realiza regularmente, sino que se exhibe en videos y fotografías. Aunque siempre ha sido practicada subrepticiamente por gobiernos democráticos, es en dictaduras como la chavista donde constituye una poderosa pieza de amedrentamiento, intimidación y terrorismo judicial.

(Agosto 11, 2018). Un diputado del Partido Primero Justicia, elegido libremente a la Asamblea Nacional, es apresado en flagrante violación de su inmunidad parlamentaria. El procedimiento para saltarse tal impedimento fue un malabarismo judicial por el cual:

La Sala Plena del TSJ declaró procedente el enjuiciamiento del diputado Juan Requesens, quien también fue acusado por Maduro de ser responsable del supuesto atentado en su contra el sábado.

El levantamiento de la inmunidad parlamentaria garantizada constitucionalmente no fue impedimento porque

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, conformada solo por oficialistas y no reconocida por numerosos Gobiernos del mundo, levantó “por unanimidad absoluta” la inmunidad a dos diputados opositores.

(Vale recordar que la ANC cuenta con el rechazo de casi todos los gobiernos democráticos del mundo, como los de Norteamérica, Colombia, Argentina, Brasil y la Unión Europea.)

Un procedimiento que en un sistema judicial independiente tomaría meses, en Venezuela solo requiere una orden presidencial y sobre todo en un supuesto atentado con drones en el que hay más preguntas que respuestas:

Un (auto) atentado, muchas preguntas, pocas certezas

El diputado fue llevado al Helicoide, sede la policía política, un centro de violaciones de DD.HH. que ya hemos tratado en VerifiKado:

¿Es el Helicoide una “caja negra” de los DD.HH. del gobierno venezolano?

(Aquí dejamos un vínculo hacia torturas cometidas por el régimen chavista, muchas veces grabadas por los mismos esbirros. Se recomienda discreción con estas imágenes.)

La tortura a Requesens

Dice El País:

Los Requesens —el diputado de 29 años de edad y su hermana de 26— fueron sacados de su casa la noche del martes 7 de agosto por funcionarios armados y llevados a la cárcel política de El Helicoide, sin órdenes judiciales ni explicación sobre los motivos de la detención.

Según testimonios de funcionarios del Sebin (la policía política del régimen), en desacuerdo con el ilegal procedimiento, contaron que el joven parlamentario fue golpeado y drogado hasta el punto de perder control sobre sus esfínteres. Así se le muestra en un video tomado por la propia policía (táctica disuasiva), dopado y manchado con sus propias heces. Un espectáculo lamentable solo propio de las peores dictaduras (pedimos discreción al lector):

Las reacciones no se hicieron esperar:

La fiscal Luisa Ortega Díaz señaló:

Fue bajo tortura que Requesens se incriminó e incriminó a [Julio] Borges. (…) Exhibieron a una persona que detuvieron arbitrariamente, como es el caso del diputado Juan Requesens. Le allanaron la inmunidad parlamentaria de forma expedita, sin ninguna fórmula procesal; es decir, en menos de 12 horas y lo exhiben públicamente en los medios de comunicación incriminándose él e incriminando a otras personas.

En Venezuela la tortura es política de Estado

La tortura no es extraña en Venezuela. En la democracia se practicó, pero no era la norma, ni política de Estado. Recordemos que, según publicamos hace un par de meses:

ABC de España en un artículo titulado “Las torturas en las mazmorras de Maduro: descargas eléctricas, palizas y abusos sexuales” señala:

 

“El examen preliminar sobre Venezuela abierto por la Corte Penal Internacional (CPI) se ha recibido con «gran esperanza» entre las víctimas de la represión en el país, pero «lo más grave» es que «las torturas sistemáticas no han cesado y continúan hasta el día de hoy», afirma la abogada de derechos humanos Tamara Suju, exiliada desde 2014.

 

“Suju ha denunciado ante la CPI 357 casos documentados de tortura por parte de los organismos de seguridad del Estado desde 2013 hasta la actualidad y a los que hace responsables a una cadena de mando formada por 92 cargos civiles y militares del aparato bolivariano”.

El País, en su reportaje, “Las voces de la tortura en Venezuela” cita casos emblemáticos:

En junio, Mileidy González, una joven auxiliar de enfermería, fue detenida por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando caminaba cerca de una protesta en Barquisimeto, capital del Estado de Lara (oeste). “En la comandancia policial me ataron por las muñecas, me colgaron y así comenzaron a golpearme una y otra vez. Amenazaron con violarme y sembrarme droga si denunciaba, me destrozaron”, dice.

 

“Sus evidencias son fotos, recuerdos, cicatrices en la piel y una lesión en el bazo. González estuvo hospitalizada ocho días después de ser salvajemente golpeada, pero nunca recibió un informe médico que certificara su condición durante el arresto. “Ningún doctor se atrevió a dármelo. Ni siquiera quisieron darme una constancia médica en un CDI [Centro de Diagnostico Integral, red de ambulatorios creada por Hugo Chávez]”, explica.

 

Andrés Colmenarez, director de la ONG Funpaz [se refiere a quienes denuncian los casos de tortura]: “Son casos excepcionales, por lo general la mayoría no se atreve a ser identificado. En las protestas de 2014 unas 80 personas denunciaron torturas en Lara, este año han sido 20. Eso no nos habla de una disminución de los casos, sino de los ciudadanos que se atrevieron a hacer públicos estos abusos.

 

La abogada Tamara Bechar, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, confirma que la alta impunidad puede influir en que las víctimas no quieran denunciar. “He defendido a dos menores de edad, de 16 y 17 años, detenidos durante una protesta. Ellos comentaron en su audiencia de presentación sobre los maltratos físicos y hasta actos lascivos cometidos contra uno de ellos por fuerzas de seguridad del Estado. Todo eso está registrado en actas. No pasó nada contra sus agresores, unos militares”, explica.”

Y Human Rights Watch también ha hechos su recopilación:

 

Los diez últimos países en el Índice del “Rule of Law” del World Justice Project. Estas son las naciones con peores sistemas de administración de justicia en el Planeta Tierra y, con un índice de 0,29 Venezuela está de última, en el puesto 113 de 113 países. Podemos afirmar que con la peor administración de justicia del mundo.

Recordemos que el de Venezuela figura entre los países con peores sistemas carcelarios del mundo. De hecho, el Índice de la Regla de la Ley, del World Justice Project, que mide la calidad de las prisiones en el mundo, ubica a Venezuela en el último lugar: de 113 países evaluados, Venezuela ocupa el puestos 113, por debajo de países como Afganistán, Sudán o Camboya. 

“(…) Las violaciones se refieren a torturas, vejaciones, amenazas, reclusión de menores y mujeres (que deberían estar en una cárcel de mujeres, no mezcladas con hombres), personas detenidas que jamás fueron presentadas en un tribunal y boletas de excarcelación a las que no se hace caso alguno.

(…) “Entre las [otras] violaciones se encuentran largas condenas sin sentencia, prisioneros con más de 9 meses sin acudir a un tribunal, menores de edad, dificultad de acceso para abogados y representantes de organizaciones de DD.HH. y paupérrimas condiciones para los recluidos.

(…) Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, afirmó que el Helicoide es “la caja negra” del gobierno, el lugar donde éste da rienda suelta a sus inclinaciones autoritarias sin cuidarse de las formas.”

Conclusión

Autoritarismo, ausencia de democracia auténtica, sistema judicial al servicio del ejecutivo y el último puesto en el índice de respeto a la Ley son razones suficientes para que la tortura se use en Venezuela de forma rutinaria e incluso abierta. El de Requesens no es el primer video que se toma de torturas en marcha, ya hay una infame galería de abusos de DD.HH.

Si la justicia internacional existe, tiene en Venezuela un amplio expediente que espera atención y respuesta.

 


Imagen inicial: tomas del video filtrado por la propia policía durante el interrogatorio-tortura del diputado Juan Requesens.

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