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Es la primera vez que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (en sus 71 años de historia) emite una resolución sobre Venezuela. El informe deja claramente documentadas las violaciones de DD.HH. a opositores, violencia policial y parapolicial y necesidad de asistencia humanitaria para paliar la escasez de alimentos y medicinas. La resolución reconoce la crisis migratoria que deviene en crisis humanitaria y ha propiciado “flujos migratorios sin precedentes en la región”.

A eso se suma la iniciativa de seis países americanos que han enviado una carta a la Corte Penal Internacional en la que piden investigar al gobierno de Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad.

(Septiembre 28, 2018). Es la primera vez que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emite una resolución sobre Venezuela. Ni este organismo ni su antecesor, la Comisión de Derechos Humanos, habían aprobado jamás en sus 71 años de historia un texto que tuviera como sujeto principal a este país caribeño.

La Oficina de Derechos Humanos ya elaboró en los últimos dos años informes sobre las violaciones cometidas en Venezuela, pero éstos no se pudieron presentar en el Consejo para ser debatidos al no haber sido solicitados por el organismo.

El anterior Alto Comisionado (hoy sustitudo por la expresidente chilena Michelle Bachelet),  Zeid Ra’ad Al Hussein, llegó a decir que “el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, luego de un informe en donde investigaba las violaciones perpetradas entre julio de 2015 y marzo de 2017 en el marco de las llamadas “Operaciones para la liberación del pueblo”, que según La Fiscalía Venezolana había dejado un saldo de 505 muertos pero por los que ningún cuerpo de seguridad había sido investigado.

El texto exhorta al gobierno venezolano a que “acepte la asistencia humanitaria a fin de hacer frente a la escasez de alimentos, medicamentos y suministros médicos, el aumento de la malnutrición, especialmente entre los niños, y el brote de enfermedades que habían quedado erradicadas o bajo control en América del Sur”.

El Consejo cuenta con 47 miembros. La resolución fue aprobada con 23 votos a favor, 17 abstenciones y 7 en contra. A favor votaron Afganistán, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Corea, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Georgia, Hungría, Islandia, Japón, México, Panamá, Perú,  Reino Unido,  Ruanda,  Suiza y Ucrania. En contra: Pakistán, Burundi, Congo, China, Cuba, Egipto y la propia VenezuelaLas abstenciones fueron Angola, Arabia Saudita, Costa de Marfil, Etiopía, Irak, Kenia, Kirguistán, Mongolia, Nepal, Nigeria, Filipinas, Qatar, Túnez, Togo, Emiratos Árabes Unidos, Senegal y Sudáfrica.

El texto era patrocinado por 42 países, incluyendo varios que no están en el Consejo actualmente, como Canadá, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Guayana o Paraguay.

Algunos de los votos a favor llaman la atención, en especial el de Ecuador, un tradicional aliado de Venezuela en América Latina. El representante de este país dijo: “Votamos a favor de resolución porque el pueblo venezolano requiere del apoyo de la comunidad internacional en la búsqueda de una solución integral a la situación que enfrenta”. De alguna manera también es llamativo el voto a favor de España, pues los analistas han coincidido que con la salida de Rajoy Venezuela respiraba aliviada al perder un enemigo frontal y verlo sustituido por esa diplomacia etérea de Josep Borrell y Pedro Sánchez.

Entre quienes hablaron sobre la resolución destacan las palabras del representante de Perú, quien habló de un éxodo de más de dos millones de ciudadanos. El de Eslovaquia hizo un llamado a Maduro a restaurar la democracia, cumplir sus obligaciones en materia de Derechos Humanos y liberar a los presos políticos. México habló de “flujos migratorios sin precedentes en la región” y Brasil también mencionó la necesidad de restaurar la democracia en Venezuela.

  La resolución pone en evidencia el aislamiento internacional del régimen de Maduro. Entre los seis países que votaron en contra (excluyendo a Venezuela) hay tres países africanos, la previsible Cuba, Egipto y China. Este aislamiento se palpó además en el momento en que Maduro ofreció su discurso ante una sala casi vacía y con los aplausos de su propia delegación y poco más.

Venezuela no está obligada a aceptar esta asistencia humanitaria, pero de no hacerlo quedará aún más en evidencia ante los ojos del mundo como un régimen autocrático. Bachelet explicó que ya le había pedido al canciller venezolano, Jorge Arreaza, acceso al país, pues su oficina, con o sin resolución, debe monitorear la situación de los Derechos Humanos. Ahora tiene el mando de la resolución, y declaró que continuará haciendo ese trabajo:  “Lo haremos como se espera de nosotros, de manera imparcial, no selectiva, sin sesgo y lo más neutral posible, pero para eso la mejor forma es que tengamos acceso a todos los actores”.

Por otro lado, seis países americanos, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá, han enviado una carta dirigida a la Corte Penal Internacional en la que pide que investigue a Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad. La Alta Comisionada Michelle Bachelet dijo que respeta la decisión y explicó que probablemente la carta vaya acompañada del informe de su oficina de junio de 2018. “Es una decisión de ellos hacerlo y es una decisión del Tribunal decidir o no si acoge la solicitud”.

  La Oficina de Derechos Humanos ya elaboró en los últimos dos años informes sobre las violaciones cometidas en Venezuela, pero éstos no se pudieron presentar en el Consejo para ser debatidos al no haber sido solicitados por el organismo.

 


Imagen inicial: VK.

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