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¿Continuará el Reino Unido en la Unión Europea?

¿Continuará el Reino Unido en la Unión Europea?

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El contundente revés que tuvo la Primera Ministro británica no saca al país de la UE, pero tampoco es garantía de que siga en su seno. No se sabe si May dimitará al cargo o presentará una nueva propuesta. El panorama es de pronóstico reservado.

Javier Brassesco

(Enero 16, 2019). La contundente derrota (432 votos contra 202) de la propuesta de la primera ministra británica Theresa May para definir los términos en que el Reino Unido abandonará la Unión Europea ha dejado muchas interrogantes en el ambiente.

¿Dimitirá la primera ministra? ¿Prosperará la moción de censura en su contra que presentó el líder laborista Jeremy Corbyn y que hoy debe discutirse en el Parlamento? ¿Se volverá a instalar una frontera “dura” entre Irlanda (país independiente) e Irlanda del Norte? Pero sobre todo ¿Existe la opción de que el Reino Unido pueda evitar la salida de la Unión Europea?

Opciones en la mesa

El llamado Brexit fue sometido a referendo en junio de 2016 y los británicos, en una votación muy reñida (17,4 millones de votos contra 16,6), decidieron a favor de que el Reino Unido abandonase la UE.

Theresa May, quien asumió tras la dimisión de David Cameron, había apoyado la permanencia del Reino Unido en la UE, pero estando en el cargo siempre ha sostenido que se debe respetar la voluntad de la mayoría, que votó por abandonarla, y está decidida a que el Brexit se cumpla.

Y hay que dejar claro que lo que acaba de rechazar el Parlamento es el acuerdo que la primera ministra presentó en cuanto a los términos en que el Brexit debe implementarse, pero no el Brexit en sí mismo.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la UE anunció que el Reino Unido puede revocar el Brexit de manera unilateral y que si el acuerdo de May no era aprobado no se forzaría el abandono de esta nación de la UE.

Una segunda votación gana terreno

Una ministra de May, Amber Rudd, había asomado la posibilidad de que se celebrara un segundo referendo, una opción que fue bautizada como “Noruega plus”, en referencia al país nórdico que no forma parte de la UE pero sí del mercado común. Sin embargo la propia Rudd matizó: “Nadie sabe si eso es posible”.

Existe de hecho una campaña en favor de un segundo referendo, la cual dirige el diputado conservador y exfiscal Dominic Grieve, pero lo cierto es que ni los propios políticos británicos están claros en cuál es el camino a seguir.  La actual administración se opone a que se vuelva a votar sobre esta materia.

Por ahora el gobierno de May, en caso de que no dimita y no prospere la moción de censura en su contra, deberá confeccionar otra propuesta para implementar el Brexit.

 El principal escollo ha sido la famosa “salvaguarda” o medida de protección (“backstop”) en relación con Irlanda del Norte, un mecanismo que planteó Bruselas para impedir la reaparición de una frontera física entre las dos partes de Irlanda por temor a que surgiera la violencia que por décadas empañó a ese territorio y que terminó finalmente gracias a los acuerdos de paz de 1998: la famosa “salvaguarda” del Brexit en relación con Irlanda del Norte, que busca asegurar que no se vuelva a instalar una frontera “dura” (aduana, controles fronterizos) entre Irlanda, país independiente, e Irlanda del Norte, perteneciente a Gran Bretaña.

El mecanismo de protección establece que, mientras no se encuentre una solución mejor para la isla irlandesa, Reino Unido y la UE compartirán un territorio aduanero único, para evitar la necesidad de aranceles, cuotas o controles en los productos que circulen entre Irlanda e Irlanda del Norte.

La propuesta es interpretada por algunos parlamentarios británicos como una artimaña para mantener a Londres sometida a las normas comunitarias e impedir que Reino Unido desarrolle después del Brexit su propia política comercial. Pero también se teme que sea el comienzo de una separación entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido.

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Imagen inicial: VK.

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El cierre de gobierno en cifras #EEUU

El cierre de gobierno en cifras #EEUU

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Datos relevantes y verificados sobre el cierre del gobierno que ya constituye el más largo de la historia del país.

Sin asomo de solución, constituye un tour de force en el que la única salida implicará que uno de los lados o ambos, cedan en posiciones que han prometido mantener no matter what.

Javier Brassesco

(Enero 2019, 2019). Algunas cifras de este #shutdown:

21 cierres parciales de gobierno han tenido lugar desde 1976 en Estados Unidos.

25 días cumple hoy el actual cierre, lo que lo convierte en el más largo de la historia. El más largo de los anteriores, en el año 1995, había durado 21 días.

800 mil trabajadores se encuentran sin recibir salario. 380 mil trabajadores federales no están asistiendo a sus puestos de trabajo, pero otros 420 mil sí deben hacerlo pues su labor se califica de “esencial” para el funcionamiento del Estado. Estos últimos tampoco están cobrando su sueldo.

430 millones de dólares mensuales deben pagar estos empleados que no están recibiendo su sueldo en pago de alquileres y pagos hipotecarios, según cálculos de la inmobiliaria Zillow.

200 millones de dólares por día pierden los trabajadores que tienen contrato con el gobierno, según un estimado de la agencia Bloomberg News.

5,7 mil millones de dólares es el monto que Trump exige que sea aprobado para arrancar finalmente con la construcción del muro fronterizo. El costo total de este proyecto es de alrededor de 30 mil millones.

1.200 millones de dólares semanales cuesta este cierre a la economía estadounidense.  En dos semanas ya habrá superado los 5,7 mil millones que exige Trump.

42.726 audiencias en cortes migratorias habían sido suspendidas hasta el 11 de enero por el actual cierre de gobierno. Si el cierre se prolonga hasta finales de enero esta cifra escalará hasta 100 mil. Estas cancelaciones se suman a los más de 800 mil casos que ya están atrasados en estas cortes.

53% de los estadounidenses culpa a Trump por el cierre de gobierno, de acuerdo a una entrevista publicada este fin de semana por el Washington Post . 29% culpa a los demócratas.

70% de los republicanos apoya la construcción del muro, sin embargo, según se revela en esa misma encuesta. Hace un año era apoyada por 58% de los republicanos.

56% de la población se opone a la construcción de este muro y 39% está a favor, según una encuesta de CNN recién publicada.

15 minutos es todo lo que, según Trump, se necesita para reabrir el gobierno.

3 influyentes congresistas republicanos han retirado su apoyo a Trump en este trance: el senador Lindsey Graham, el senador Ron Johnson (presidente del Comité de Seguridad Nacional) y el número dos de los republicanos en la Cámara de Representantes, Steve Scalise.


Imagen inicial: Didgeman, Pixabay.

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¿Se juramentó Juan Guaidó como presidente interino?

¿Se juramentó Juan Guaidó como presidente interino?

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Muy sigilosamente Juan Guaidó está asumiendo el liderazgo de la oposición venezolana, como presidente de la Asamblea Nacional y encargado por ley a asumir la transición hacia un nuevo gobierno vía elecciones. ¿Es el presidente interino? No todavía.

Javier Brassesco

(Enero 14, 2019). Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional venezolana desde el 5 de enero,  tiene ya más de una semana en el ojo del huracán.

Ayer fue detenido por funcionarios policiales a pesar de su inmunidad parlamentaria:

aunque luego fue liberado.

El gobierno, a través del ministro de información Jorge Rodríguez, aseguró que había sido un error,

 y que los funcionarios que lo participaron en su detención serían suspendidos y sancionados. Hasta se dio el nombre del policía que estuvo al mando de esta operación, el primer comisario Hildemaro José Rodríguez Múcura. Así se terminaba de rematar una situación muy confusa.

¿Por qué el régimen de Maduro secuestró (en abierta violación a las leyes y la Constitución) y luego liberó a Guaidó? ¡Lo hizo para amedrentar, como una especie de globo de ensayo para medir las reacciones desde el exterior (Estados Unidos condenó inmediatamente la detención a través de John Bolton, asesor de seguridad de la administración Trump):

¿O se puso al descubierto una guerra de facciones dentro del gobierno?

Ninguna de estas hipótesis puede descartarse, pero existe un tema sobre Guaidó que ha generado mucha confusión, y es el siguiente ¿Se llegó a juramentar como presidente interino de Venezuela?

Cuando se den las condiciones

La Constitución venezolana establece que ante la falta absoluta del presidente de la República, su cargo lo ocupará el presidente de la Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional  venezolana, de mayoría opositora, es reconocida por la mayoría de los países de la región como la única autoridad legítima del país, pero la Corte Suprema de Justicia la declaró en desacato en 2016 y desde entonces el gobierno la desconoce abiertamente y hasta creó un órgano para sustituirla (la Asamblea Nacional Constituyente).

Guaidó, al asumir su cargo como presidente de la AN, declaró que a partir del 10 de enero (cuando Maduro tomó posesión para su segundo período) Maduro estaría “usurpando” la presidencia.

Invocó los artículos 233 (que habla de las fallas absolutas del presidente de la república), 333 (sobre la vigencia de la Constitución a pesar de ser derogada por un acto inconstitucional) y 350 (desconocer gobiernos que contraríe principios democráticos) de la Constitución para convocar elecciones y cesar la “usurpación”.

Mucha gente y también algunos medios han dado por hecho, a partir de todo lo relatado (de manera muy breve y simplificada) que Guaidó asumió como presidente interino. Incluso el presidente de la OEA, Luis Almagro, saludó la asunción de Guaidó como “Presidente interino de Venezuela”.

Sin embargo, hay que aclarar que Guaidó no se ha juramentado como presidente interino, por más que los radicales de lado y lado lo empujen en ese sentido. Sectores de la oposición consideran que debe hacerlo para así llenar el vacío de poder, y algunos hasta se lo exigen (vía Twitter, claro está). También desde el oficialismo muchos quieren que se juramente como presidente para así encarcelarlo mejor.

El propio Guaidó señaló que está facultado para asumir la presidencia, pero que solo lo hará si lo apoyan el pueblo, los militares y la comunidad internacional. Sus palabras fueron: “¿Es suficiente apegarnos a la Constitución en dictadura? No. Deben ser el pueblo de Venezuela, la Fuerza Armada y la comunidad internacional los que nos lleven a asumir”.

Es decir, por ahora su juramentación como presidente interino de Venezuela no está planteada.

 


Imagen inicial: VK.

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¿Qué consecuencias tiene que 13 países de la región desconozcan el gobierno de Maduro?

¿Qué consecuencias tiene que 13 países de la región desconozcan el gobierno de Maduro?

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Aunque las solicitudes de renuncia son retóricas, sí hay efectos prácticos en el desconocimiento del Grupo de Lima, traducido en aislamiento, ilegalidad internacional de transacciones financieras, acuerdos militares y acciones en la Corte Penal Internacional.

Javier Brassesco 

(Enero 9, 2019). 13 de los 14 países que conforman el grupo de Lima (todos excepto México) emitieron un comunicado en donde afirman que no reconocerán como legítimo el segundo período presidencial de Nicolás Maduro, que debe empezar este jueves.

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, que ya en mayo de 2018 habían anunciado que no reconocían el proceso en el cual Maduro se había reelecto, anunciaron que no reconocen la legitimidad de este segundo mandato, y le instan a no asumir la presidencia el 10 de enero, que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional (electa en diciembre de 2015 y en donde la oposición cuenta con mayoría) y le transfiera el poder a ésta de forma provisional hasta que se realicen elecciones democráticas.

Es una solicitud utópica, por supuesto, pero la declaración del Grupo de Lima también tiene algunos efectos prácticos que presionan al régimen de Maduro.

Aislamiento

En primer lugar se acordó reevaluar las relaciones diplomáticas, y también impedir el ingreso de altos funcionarios venezolanos al territorio de los países firmantes.

También, como se había acordado ya en mayo del año pasado, tras la reelección (calificada de fraudulenta) de Maduro, se seguirán emitiendo circulares y boletines que transmitan al sector bancario y financiero el riesgo que correrían si hacen negocios con el gobierno venezolano que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional.

También acordó coordinar acciones con los organismos financieros internacionales de los que estos países forman parte para que no se otorguen préstamos sin el aval de la AN.

Aquí valdría la pena agregar que el nuevo presidente de la AN, Juan Guaidó, dijo al asumir el cargo este 5 de enero que Maduro “el 10 de enero estará usurpando la presidencia de la república”.

Además  se impedirá que los altos funcionarios del gobierno venezolano ingresen al territorio de estos trece países, y elaborarán listas de personas con las que entidades bancarias de estas naciones no podrán tratar. De ser necesario también se congelarán fondos y activos.

Se suspende asimismo toda colaboración militar con Venezuela y se acuerda tener contacto permanente con los países de la región que no forman parte de este grupo para mantenerles informados de la gravedad de la situación que atraviesa el país caribeño y de la necesidad de restaurar su democracia.

También se insta a otra naciones a apoyar la solicitud (presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) de que la Corte Penal Internacional investigue la posible comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela.

Las medidas acordadas contribuyen en general a endurecer el aislamiento que ya sufre el régimen de Maduro en la región, al punto que ha tenido que forjar alianzas con países muy lejanos a Venezuela, como Turquía, Rusia o China.

Declaración del Grupo de Lima

Declaración del Grupo de Lima

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, frente al inicio el 10 de enero de 2019 del ilegítimo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro (2019-2025) en Venezuela, expresan lo siguiente:

1. Reiteran que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente. En consecuencia, no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019.

2. Ratifican su pleno respaldo y reconocimiento a la Asamblea Nacional, elegida legítimamente el 06 de diciembre de 2015, como órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela.

3. Instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas.

4. Subrayan la importancia del respeto a la integridad, la autonomía y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimamente conformado, de acuerdo con la Constitución venezolana, para la plena vigencia del Estado de derecho en ese país.

5. Reafirman su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela, resaltando que sólo a través del pleno restablecimiento, lo más pronto posible, de la democracia y el respeto de los derechos humanos, se podrán atender las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país.

6. Manifiestan su convicción de que la solución a la crisis política en Venezuela corresponde a los venezolanos y, por lo tanto, reiteran su permanente determinación para apoyar las iniciativas políticas y diplomáticas que conduzcan al restablecimiento del orden constitucional, de la democracia y el Estado de derecho en ese país, a través de la celebración de un nuevo proceso electoral con garantías democráticas.

7. Expresan su determinación de continuar impulsando iniciativas en foros multilaterales, en particular en la Organización de los Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.

8. Hacen un llamado a todos los países miembros de la OEA a reafirmar su apoyo a la Carta de la OEA y a la Carta Democrática Interamericana, a fin de contribuir al restablecimiento del orden democrático en Venezuela.

9. Condenan cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región. Hacen un llamado al régimen de Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos. En ese sentido, manifiestan su profunda preocupación por la interceptación realizada el día 22 de diciembre de 2018 de una nave de investigación sísmica, por parte de la marina venezolana dentro de la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guyana.

10. Reiteran su profunda preocupación por la grave crisis política y humanitaria en Venezuela, que ha generado el éxodo masivo de migrantes y solicitantes de refugio provenientes de ese país, producto de los actos y políticas antidemocráticas, opresoras y dictatoriales practicados por el régimen de Nicolás Maduro, la que sólo podrá resolverse mediante el pleno restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos. Igualmente, renuevan su compromiso, en la medida de sus posibilidades, de continuar brindando asistencia a los migrantes procedentes de Venezuela, así como de promover y desarrollar iniciativas de coordinación regional en respuesta a esta crisis. En este sentido, saludan la inclusión por primera vez de la crisis de migrantes y refugiados procedentes de Venezuela en el Llamamiento Humanitario Global de la ONU para 2019, así como la designación del representante conjunto de la OIM y ACNUR.

11. Expresan su preocupación por el impacto causado en la economía y en la seguridad de países de la región por la crisis política en Venezuela.

12. Exhortan al régimen venezolano a permitir el inmediato ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo de Venezuela, a fin de prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública en ese país y de sus efectos transnacionales.

13. Acuerdan las siguientes medidas:

A. Reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país, y la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses.

B. Según lo permitan sus legislaciones internas, impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos.

C. Evaluar con criterio restrictivo el otorgamiento de préstamos al régimen de Nicolás Maduro en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte.

D. Suspender la cooperación militar con el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo la transferencia de armas a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas, así como evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria.

E. Intensificar contactos con países no miembros del Grupo de Lima a fin de mantenerlos informados de las acciones del Grupo, de la gravedad de la situación en Venezuela y de la necesidad de trabajar unidos para el restablecimiento de la democracia en dicho país.

F. En relación con la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a la Corte Penal Internacional para que se investigue la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, instar a otros países a apoyarla y a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional a avanzar con celeridad en los procedimientos correspondientes.

G. Urgir a otros miembros de la comunidad internacional a que adopten medidas semejantes a las acordadas por el Grupo de Lima contra el régimen de Nicolás Maduro en pro del restablecimiento de la democracia.

Referencias


Imagen inicial: Ministros de Relaciones Exteriores de los países del Grupo de Lima, en la reunión del 13 de febrero de 2018. (Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.)

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¿Obama provocó cierre de gobierno 2013 para que aprobaran Obamacare?

¿Obama provocó cierre de gobierno 2013 para que aprobaran Obamacare?

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A pesar de ser marcado como falso en Facebook, el trabajo de un factchecker nos deja con “medias verdades” que apuntan a lo falso pero no contundentemente. 

(Enero 5, 2018). Un post de Facebook que ha sido compartido casi 100 mil veces asegura que en el año 2013 el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, provocó el cierre de gobierno durante 16 días para forzar la aprobación del Obamacare.

El post fue publicado por Kristy Greczkowski, una seguidora de Trump muy activa en las redes sociales, el 22 de diciembre, justo el día en que empezaba el actual cierre de gobierno y que ya se extiende por dos semanas.  Era una manera de justificar el actual cierre de gobierno, recordando a quienes se oponen a Trump que esta medida también fue adoptada por Obama para impulsar una de sus políticas.

Como se puede ver en la imagen adjunta, dicho post fue señalado por Facebook como falso, y le agregó un link hacia un trabajo que al respecto publicó el sitio de verificación de noticias Politifact.

 Sin embargo, hay un detalle: si bien Facebook le agrega la etiqueta de “falso”, el trabajo de investigación que realiza Politifact no llega tan lejos; solo determina que se trata de una “media verdad”.

¿Media verdad o mentira?

La afirmación que se hace en el meme (“Obama forzó el cierre de gobierno para que se aprobara el Obamacare”) no es tan fácil de despachar de una manera tajante. Ciertamente ofrece una visión muy simplificada del asunto, no es exacta, y está muy lejos de ser objetiva, pero tiene parte de verdad.

Con el cierre de gobierno de 2013 Obama, al igual que Trump, estaba presionando para favorecer una de sus principales promesas (el Obamacare en el caso de Obama, el muro fronterizo en el de Trump). Pero hay muchas diferencias entre un caso y otro.

Obama provocó el cierre de gobierno no solo debido a diferencias en la implementación del Obamacare, sino porque consideraba necesario subir el límite de endeudamiento, y ambas cosas eran cruciales para él.

En el meme se afirma además que Obama provocó ese cierre de gobierno para que se aprobara el Obamacare, y eso es sencillamente inexacto, pues el Obamacare no debía ser aprobado; era una ley desde hacía tres años.  Solo que en 2014 debía empezar a ser aplicado y había algunas diferencias entre republicanos y demócratas sobre cómo se pondría en práctica.

Incluso un congresista republicano tan influyente como Paul Ryan (y quien luego sería presidente de la Cámara de Representantes) llegó a afirmar por entonces que un cierre de gobierno no impediría la aplicación del Obamacare

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¿Este podría convertirse en el cierre de gobierno más largo de la historia?

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Hasta hoy el cierre del gobierno es el cuarto más largo de la historia. El récord es de 21 días, entre el presidente Bill Clinton y el Congreso del Partido Republicano, desde que se extendió desde diciembre de 1995 hasta enero de 1996. No hay indicios de solución, pero tampoco de que pueda durar tanto.

(Enero 3, 2019). Este jueves el cierre de gobierno cumple su décimo tercer día, lo que lo ubica hasta ahora como el cuarto más largo en la historia de Estados Unidos.

El presidente Trump se reunió ayer con líderes del Congreso para intentar destrabar la situación pero no se avizora ninguna solución toda vez que ninguna de las partes parece dispuesta a ceder.

La disputa se centra alrededor del muro que Trump quiere construir en la frontera con México: el presidente aspira que se aprueben unos cinco mil millones de dólares para arrancar finalmente con este proyecto, pero los demócratas (que a partir de hoy son mayoría en la Cámara de Representantes) se niegan.

Trump advirtió a finales de diciembre que vendría un cierre de gobierno “muy largo”, y ayer volvió a insistir en que el cierre durará “el tiempo que sea necesario”.

¿Qué es un cierre de gobierno?

En Estados Unidos un cierre de gobierno es algo parecido a un paro patronal del sector privado: la administración pública suspende toda prestación de servicios considerados no esenciales.

Ocurre cuando el presidente veta el presupuesto que aprueba el Congreso, y entonces dicho presupuesto es devuelto al Parlamento. Cuando los desacuerdos entre el presidente y el Congreso (bien sea la cámara baja o la alta, o ambas) no son solucionados antes de la fecha en que este presupuesto debe comenzar a utilizarse, tiene lugar el llamado cierre de gobierno.

¿Cómo afecta al ciudadano?

En cada cierre (y éste es el décimo noveno desde 1976) varían los servicios del Estado que son suspendidos, pues depende del remanente del presupuesto anterior. Los parques nacionales siempre se han visto afectados en cada cierre de gobierno, y también cierran muchas escuelas. También en muchos casos se interrumpe el servicio de recolección de desechos.

Los servicios médicos, militares, de seguridad, de prisiones, de tráfico aéreo, postales y meteorológicos que dependen del gobierno continúan en funciones.

Se estima que actualmente existen alrededor de 800 mil empleados federales afectados directamente, pues no están acudiendo a sus puestos de trabajo ni están devengando un sueldo.

¿Cuánto puede durar?

El cierre de gobierno más largo ocurrió durante la presidencia de Bill Clinton y se extendió por 21 días, entre el 16 de diciembre de 1995 y el 6 de enero del año siguiente.

No existe una duración determinada, pero la mayoría de los cierres que han existido hasta ahora  (10 de 19) han durado menos de una semana. El que nos ocupa ya va para las dos semanas y no se ve ninguna solución a la vista.

El cierre termina cuando ambas partes (Ejecutivo y Legislativo) logran un acuerdo, lo que en este caso parece lejos de ocurrir.

¿Cómo se llega al fin del cierre?

Si no se llegar a un acuerdo, el Congreso podría poner fin al cierre si y solo si dos tercios de ambas cámaras estén de acuerdo en tomar esta medida.

Para que esto ocurra muchos congresistas y senadores republicanos tendrían que votar en contra del Presidente (entre ellos unos 20 senadores, nada menos).  ¿Es esto posible?

La idea de construir un muro fronterizo fue una de las principales promesas en la campaña de Trump, pero lo cierto es que la misma nunca ha logrado concitar mucho entusiasmo en su propio partido. En dos años de dominio republicano en ambas cámaras, lo máximo que se ha aprobado (en marzo de 2018) fue la aprobación de 1.600 millones de dólares para esta obra, lo que representa algo más del 5% del costo final de la misma.

Pero una cosa es que a un legislador no le entusiasme mucho la construcción de  este muro fronterizo, y otra colocarse frontalmente contra el presidente. Como hemos dicho: se trata de una materia urgente y no se puede descartar que se consiga un acuerdo de la noche a la mañana, pero ahora mismo no se divisa ninguna solución en el horizonte.

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