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¿Hubo una resolución del Consejo de DD.HH. de la ONU contra las sanciones a Venezuela?

¿Hubo una resolución del Consejo de DD.HH. de la ONU contra las sanciones a Venezuela?

Fabricado. No hay tal resolución. El régimen chavista tomó un texto auténtico de la ONU y le agregó elementos que no tiene, dando a entender que se habían condenado las sanciones, cosa que no ocurrió y se comprueba al leer el original emitido en la reunión de la Comisión de DD.HH. de la ONU. Una organización venezolana desmonta esta falsificación.

(Julio 20, 2019 – Redacción). Desde el 15 de julio el régimen chavista difundió, a través de sus agencias y medios de comunicación, una nota de prensa sobre la supuesta resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que rechaza «medidas coercitivas unilaterales contra el país», es decir, las sanciones económicas impuestas por EE.UU. y otros países a funcionarios del gobierno de facto de Nicolás Maduro y a su régimen.

Para desmontar esta noticia falsa usaremos los argumentos de una declaración de Provea, una organización de defensa de DD.HH. venezolana reconocida internacionalmente, publicada el 18 de julio:

→ El gobierno de facto venezolano ha falseado el contenido de una reciente resolución aprobada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, afirmando que rechaza la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra el país. Sin embargo, el texto del documento no dice nada sobre este tema.

→ El pasado 15 de julio el Sistema Estatal de Medios [del chavismo] difundió la noticia que con 28 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones el Consejo de Derechos Humanos de la ONU había aprobado una resolución presentada por Venezuela, “en favor del fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos, para hacer frente sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano”. La primera referencia se difundió un día antes, cuando el Ministro de Relaciones Exteriores Jorge Arreaza, a través de su cuenta de Twitter expresó:

Venezuela, desde la Presidencia del @MNOAL_NAM presentó una resolución para profundizar la Cooperación Internacional y rechazar las Medidas Coercitivas Unilaterales (Sanciones) en el Consejo de DDHH/ONU. La Resolución fue aprobada con amplio respaldo de los Estados miembros.

→ Seguidamente el propio Nicolás Maduro expresó: “«Agradezco el contundente respaldo de los Estados miembros del Consejo de DDHH de la ONU, a la resolución presentada desde la presidencia del Mnoal a favor de Venezuela. Victoria que amplía la cooperación internacional y rechaza las sanciones imperiales”.

→ Las notas de prensa preparadas desde Miraflores tuvieron una amplia difusión en medios nacionales e internacionales. Sin embargo, cuando se intenta profundizar en la información los diferentes escritos no citan el texto de la propia resolución, sino las interpretaciones de los funcionarios del gobierno de facto de Nicolás Maduro. No obstante, cuando se revisa el texto de la propia resolución publicado en el portal oficial del Consejo DDHH ONU, se puede corroborar que la misma trata sobre un tema diferente.

→ Bajo el título “La contribución del desarrollo al disfrute de todos los derechos humanos” fue presentado al 41 período de sesiones del Consejo de DDHH de la ONU un proyecto de resolución por 33 países, incluyendo Venezuela, en el punto 3 de la agenda del día: “Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo”, que finalmente fue aprobado. En el cuerpo del texto no aparecen las palabras “sanciones”, “medidas coercitivas unilaterales” ni “bloqueo”.

Tampoco se describe la situación de algún país en particular. En cambio, la propuesta desarrolla, de manera genérica, papel de la cooperación para el desarrollo para el disfrute de los derechos humanos, un tema que posee un amplio consenso a nivel internacional. La resolución finaliza con 16 afirmaciones, siendo la primera: “Reafirma la importante contribución del desarrollo al disfrute de todos los derechos humanos por todas las personas”. El texto completo de la resolución puede consultarse en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G19/211/01/PDF/G1921101.pdf

→ Diferentes ONG han denunciado la política sistemática del gobierno de facto venezolano de falseamiento de información, calificándola en sus reportes como “mitomanía de Estado”. Mediante esta falsa noticia, Nicolás Maduro intenta mitigar el impacto del reciente informe del Alto Comisionado DDHH de Naciones Unidas sobre las graves violaciones ocurridas en nuestro país, intentando justificar las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja, desarrollada en el país a partir del año 2013, con las sanciones financieras aprobadas a partir del año 2017.


Imagen inicial: VK.

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¿Es el régimen de Maduro más sanguinario que el de Pinochet?

¿Es el régimen de Maduro más sanguinario que el de Pinochet?

Como lo certifica el Informe de la Alta Comisionada de ONU para los DD. HH. el régimen de Maduro practica detenciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, torturas y todo un entramado de violaciones a los derechos de la población. Sus números dejan muy atrás a las dictaduras sangrientas de Chile y Argentina en los años setenta.

(Junio 15, 2019 – Javier Brassesco). El informe la ONU sobre Venezuela muestra una situación preocupante en materia de derechos humanos en ese país, al punto que el régimen de Nicolás Maduro deja en pañales a otras feroces dictaduras que existieron en el cono sur.

Según las cifras oficiales, en Venezuela tuvieron lugar 6.856 muertes violentas (5.287 en 2018 y 1569 entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019) resultantes de operaciones de seguridad que el régimen registra como “resistencia a la autoridad”.

Se trata de cifras oficiales, pues las que proporciona el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) son todavía más altas: 7.253 muertes a manos de fuerzas policiales y militares solo en 2018.

Pero incluso tomando las cifras oficiales, se trata de más del doble del número de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas durante la dictadura de 17 años (1973-1990) de Augusto Pinochet: 3.227 casos de muertos o desaparecidos.

Es un número comparable a las desapariciones forzadas que existieron en Argentina durante una de las dictaduras más terribles que vivió América: la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) habla de 9.000 desaparecidos entre 1976 y 1983. Algunos grupos de derechos humanos afirman que la cifra es superior, pero en cualquier caso estamos hablando de un período de 17 años contra apenas 17 meses en Venezuela.

Y eso solo por hablar de cifras, porque además el informe habla de cientos de personas que han sido torturadas y de que existe todo un modus operandi para estas ejecuciones, que suelen terminar con un tiro en el pecho y con funcionarios policiales llevando el cuerpo sin vida de los ejecutados a los hospitales para manipular los cuerpos y la escena del crimen.

Como dice el analista político Andrés Oppenheimer, lo que resulta difícil de explicar es el silencio de tantos gobiernos y defensores de derechos humanos ante una situación tan desgarradora.

Estamos en presencia de un régimen que en apenas 17 meses logró sobrepasar de largo el número de ejecuciones que en 17 años llevó a cabo el de Augusto Pinochet, que siempre ha sido un ícono de los regímenes opresores y violadores de los derechos humanos que han existido en América.


Imagen inicial: VK con insumos de Wiki Commons.

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¿Está institucionalizada la tortura en Venezuela?

¿Está institucionalizada la tortura en Venezuela?

La tortura en Venezuela es ordenda y ejecutada desde las altas esferas civiles y militares del régimen chavista. Y hay un informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU que lo confirma con variedad de detalles. Antes de eso, habían ya suficientes indicios para darlo por cierto.

(Julio 11, 2019). Fernando Núñez-Noda, de VerifiKado para La Patilla.

Muerte del capitán

– Rafael Acosta Arévalo, capitán de navío, fue detenido el 21 de junio por fuerzas de seguridad (Sebin y DGCIM) del régimen de Nicolás Maduro. Se le acusó junto a otros de “formar parte de un grupo subversivo liderado por Juan Guaidó», que había planeado un «golpe de Estado previsto para el 23 y 24 de junio», según el vocero oficial chavista Jorge Rodríguez.

Alonso Medina Roa, miembro del equipo de defensa de los militares acusados, informó que Acosta murió en la madrugada del viernes 28, y que en su última aparición pública ante un tribunal militar estaba en silla de ruedas, con dificultades para hablar, el cuerpo lleno de marcas, las uñas con sangre y los ojos morados de tantas torturas que había recibido.

“El cadáver de Acosta Arévalo está reventado a golpes y tasajeado a nivel de la nalga derecha hacia abajo”, dijo una fuente militar citada por Caraota Digital.

– Una juez militar ordenó que lo trasladasen a un hospital. Fue llevado a uno que está dentro del Fuerte Tiuna (una instalación militar en la capital), donde murió.

¿Quiénes lo perpetraron… ¿están todos?

El 2 de julio fueron detenidos “el suboficial Estiben José Zárate Zoto, de 22 años, y el sargento segundo Ascanio Antonio Tarascio Mejía, de 23 años.” Ambos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) y pertenecientes a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Zárate Zoto y Tarascio Mejía, este último quien además ostenta el rango de teniente, fueron acusados de «homicidio preterintencional» y permanecerán recluidos en el mismo lugar donde estuvo detenido el capitán fallecido.

Ahora ¿Dos soldados veinteañeros pueden decidir torturar a un oficial de las FANB hasta matarlo? Sin duda que no, sobre todo en una estructura represiva tan controlada como la chavista. ¿Cuál fue la cadena de mando? ¿Quiénes supervisan esas prácticas claramente condenadas por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU de 1984?

El Fiscal General chavista, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab hizo el trámite de condenar el hecho y anunciar una investigación, pero no mencionó ni condenó la tortura.

Hay que recordar que William Saab prometió una investigación sobre la muerte del concejal Fernando Albán, “un suicidio en Venezuela que se parece mucho a un asesinato oficial”, según publicó en Twitter el Editor Senior de The Economist, Michael Reid. Esa investigación nunca se realizó o publicó.

Es notable que ningún alto funcionario chavista haya desmentido expresamente que haya torturas en Venezuela. Jorge Rodríguez, Ministro de Información del régimen, ha negado incluso que haya un éxodo masivo de venezolanos, pero no el maltrato y eventual asesinato de presos políticos. No obstante, ese silencio y esa promesa de investigar que nunca se cumple son formas de la negación. Una que no necesita palabras.

Foro Penal, reconocida organización de defensa de los Derechos Humanos, recoge en un video de 2015 multitud de testimonios fuertes sobre torturas y otras violaciones de derechos básicos, como prueba de que tales prácticas no son cuestión reciente (video con casos sensibles):

Entonces ¿Está institucionalizada la tortura en Venezuela?

* El 4 de julio la prensa recibió un adelanto del informe de la Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, demoledor para el régimen chavista. Respecto a la tortura, un artículo de La Tercera señala:

“El ACNUDH pudo documentar información detallada de 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019. De ellas, 23 fueron detenidas en 2018 y 8 en 2019. Es precisamente en este último punto en el que Bachelet lanza durísimos dardos contra Maduro. Al hablar de las torturas, sostiene que “en la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”. “Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el SEBIN y la DGCIM, recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas”, agrega.

* Vale comenzar por recordar que la tortura es un delito de “lesa humanidad” según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y en Venezuela abundan los casos y se han multiplicado exponencialmente en la gestión de Nicolás Maduro.

* La abogada venezolana disidente Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA de Praga, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), declaró el pasado 20 de marzo que la tortura «se ha incrementado» en Venezuela, donde el primer trimestre de este año ha sido «el más duro y cruel.” Solo en enero y febrero de 2019, Suju «ha documentado en dos meses 40 nuevos casos de tortura, dentro de los cuales se incluyen menores de edad de ambos sexos, civiles y militares». Para finales de noviembre de 2018, Suju ya había denunciado “106 casos de tortura” documentados.

«La tortura no ha cesado, al contrario, se ha incrementado por el desespero de Maduro de que siente que pierde el control», aseguró Suju en una rueda de prensa junto al secretario de la OEA, Luis Almagro, y en la que participó de forma remota un exfuncionario de la Inteligencia militar venezolana.

* Por ejemplo, el caso del diputado Juan Requesens quien fue sacado de su casa el 7 de agosto de 2018 y “le allanaron la inmunidad parlamentaria de forma expedita, sin ninguna fórmula procesal” y “sin órdenes judiciales ni explicación sobre los motivos de la detención”. Dice un artículo de El País: “Según testimonios de funcionarios del Sebin (la policía política del régimen), en desacuerdo con el ilegal procedimiento, contaron que el joven parlamentario fue golpeado y drogado hasta el punto de perder control sobre sus esfínteres.”

* Le dio la vuelta al mundo el video de Requesens visiblemente dopado y manchado con sus propias eses. (Se sugiere discreción).

* La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet, señalado en artículo de El País el 21 de marzo de 2019,  “denunció torturas, asesinatos y una aguda crisis social en Venezuela.”

* En el mismo artículo se cuenta que “casi en paralelo a la conferencia de Bachelet, en Washington se presentó un estremecedor vídeo sobre un centro de tortura de la policía [política del régimen de Maduro].”  El video fue publicado por La Patilla el mismo día en que fue presentado ante la CIDH:

La estructura de torturas en Venezuela

Ya en 2017 la tortura en Venezuela era denunciada como sistemática, institucional y ordenada desde el tope de la cadena de mando. Este video de Human Rights Watch menciona casos específicos:

La periodista Sebastiana Barraez explica cómo funciona el aparato represor que tortura a prisioneros políticos:

“En la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se fue imponiendo desde hace tiempo, pero con mayor énfasis durante 2018 y lo que va del 2019, una estructura de poder para liquidar, por vía física pero sobre todo psicológica, a quienes caen detenidos por sospechas de conspiración. No son cubanos, son militares y policías venezolanos quienes lo hacen.

“El Jefe de la DGCIM es el mayor general (Ej) Iván Hernández Dala, que ha tenido una acelerada carrera de ascenso en la Fuerza Armada como hombre de confianza de Nicolás Maduro, no sólo como jefe de Contrainteligencia Militar sino de la Guardia de Honor Presidencial.

“La juez a través de subterfugios hace que los imputados sean asistidos por defensores públicos militares que, por supuesto, nunca los defienden, porque obedecen a sus jefes superiores.

“El otro elemento a considerar es un grupo de médicos forenses del Hospital de El Llanito, quienes se limitan a firmar las certificaciones sobre la situación de salud de los detenidos. Ellos omiten las marcas, moretones, golpes, heridas y cicatrices recientes de los militares presos.”

Lea el resto del artículo en Infobae

Es decir, una metodología específica para aplicar torturas y encubrirlas.

Las formas de la barbarie

El internacionalista y tuitero Daniel Lara Farías menciona en un artículo algunos métodos de castigo para someter a prisioneros y obligarlos, con dolor, a confesar o doblegar su voluntad. Entre ellos:

* Negar tratamiento médico a quienes lo requieren.

* Golpear al prisionero en “la boca, los ojos, la cara, las orejas, la cabeza.”

* Hacer que el torturado defeque y, con el excremento, untárselo en la cara y otras partes del cuerpo.

* Para las mujeres, hacerle el “helicóptero”, que una víctima describe así: “Te toman del cabello, te hacen girar y te lanzan contra las paredes”.

* Asfixiar con bolsas plásticas a las que se les rocía insecticida.

* Recibir castigo psicológico e incluso “ideológico”: escuchar música cantada por Chávez, el himno nacional en versión Chávez, el himno «Patria» cantado por Chávez.

Todo tipo de maltrato físico y psicológico. Violaciones de Derechos Humanos en todos los planos. Y un régimen con un infraestructura para torturar y encubrir estos crímenes de lesa humanidad.

Conclusiones y perspectivas

El régimen chavista tiene una poderosa estructura de desinformación. No obstante, respecto a la tortura como forma de sometimiento y castigo, hay demasiadas evidencias, de modo que ha optado por el silencio, por la invisibilización de la terrible práctica.

Ya Michele Bachelet adelantó su informe. No hay duda de que el régimen practica la tortura como forma de disuasión, castigo y disminución física y psicológica de sus opositores. Este reporte oficializa esa convicción y muchas otras graves violaciones de DD. HH.

En cualquier escenario, de todas las violaciones de derechos en Venezuela la tortura, ejecutada detrás de gruesas paredes y dentro de la oscuridad procesal, paradójicamente ha sido una de las más visibles.


Imagen inicial: VK con insumos de Pixabay.

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¿El informe de la ONU sobre Venezuela fue rechazado por “países del mundo”?

¿El informe de la ONU sobre Venezuela fue rechazado por “países del mundo”?

No, pero el chavismo ha querido que se vea así, al menos para su público. El Informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos es muy fuerte al criticar la situación de derechos políticos, de salud, de administración de justicia, de libertad de información y otros. La maquinaria oficialista ha hecho todo lo posible por desacreditarlo o de minimizar su impacto.

(Julio 8, 2019 – Javier Brassesco). En una noticia del canal VTV (Venezolana de Televisión, canal estatal) se puede leer que “Países del mundo rechazan informe de ACNUDH sobre Venezuela”.

La semana pasada y durante la celebración de la 41 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Alto Comisionado para los Derechos Humanos Michelle Bachelet presentó un informe sobre la situación en Venezuela, y el mismo fue muy criticado por el propio régimen de Maduro, quien le hizo setenta objeciones a su contenido.

Pero es una clara manipulación decir que “países del mundo lo han rechazado”. En realidad el informe, que es un golpe político al régimen de Maduro, ha sido criticado por nueve países, todos aliados y casi todos dictaduras: Rusia, China, Turquía, Bielorrusia, Myanmar, Irán Cuba, Nicaragua y Bolivia.

De éstos, solo Bolivia podría ser considerado, y estirando algo la cuerda, un régimen democrático. Por otro lado, el informe ha sido respaldado por casi todas las democracias occidentales, incluyendo la más antigua como el Reino Unido.

¿Es tan contundente el informe?

Muchos han hablado del informe como una puñalada que deja desnudo al régimen de Maduro. ¿Es así de contundente?

El informe presenta 83 puntos, y el penúltimo está dividido en diez exhortaciones para que el régimen tome medidas y atienda los problemas que se describen anteriormente.

Fue realizado en una visita que en junio realizaron varios integrantes de esta comisión con la anuencia del propio gobierno. Se reunieron con el propio Nicolás Maduro, el vicepresidente, el canciller y altos cargos de 17 ministerios. También con otros funcionarios del madurismo como el fiscal general, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y el Defensor del Pueblo. También con el presidente de la Asamblea Nacional y varios diputados opositores.

Tuvieron 558 entrevistas y 159 reuniones con víctimas y testigos, además de abogados, comunicadores  sociales, profesionales de la salud, ex militares y oficiales de seguridad.

En realidad el informe es fortísimo y presenta una dura (y a nuestro juicio certera) imagen de lo que es Venezuela hoy en día. Entre muchas otras cosas se dice que:

-El salario mínimo ni siquiera puede ser considerado de subsistencia: para abril de 2019 era el 4,7% de la canasta básica de alimentos.

-Existen violaciones al derecho a la alimentación y políticas que han provocado la caída de la producción y distribución de alimentos.

-Venezuela padece una carencia entre el 60 y el 100 de fármacos esenciales en cuatro ciudades principales del país que fueron visitadas, incluyendo Caracas. Enfermedades que ya estaban controladas como la difteria y el sarampión han reaparecido. Falta grave de anticonceptivos, con ciudades con carencias de hasta el 100%, lo que ha disparado la tasa de embarazos adolescentes en 65% desde el año 2015 y 20% de fallecimientos maternos por abortos mal realizados. En la Encuesta Nacional de Hospitales entre noviembre 2018 y febrero de 2019 murieron 1557 personas por falta de insumos.

-Las violaciones al derecho a la salud son responsabilidad del gobierno por no cumplir  con sus obligaciones fundamentales.

-El sistema de distribución de alimentos conocido como CLAP es utilizado de manera política para asegurarse el control de la población más necesitada. Discriminación por motivos políticos y el control social mediante carnets.

-La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y el sistema de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera la primera sanción sobre el régimen de Maduro.

-El gobierno intenta imponer una hegemonía comunicacional y restringe los medios independientes, clausura medios y cierra emisoras y canales de televisión. Aumentan las detenciones de periodistas locales y a los extranjeros los expulsan. En la web están bloqueados también muchos medios independients.

-Represión selectiva por motivos políticos.

-Un estado de excepción que se ha renovado cada 60 días desde el 13 de mayo de 2016 y que le otorga a Maduro unas facultades “vagas y discrecionales”.

-Aumento tangible de la militarización a partir de la activación del plan Zamora en 2017.

-Los órganos de seguridad son responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, además de maltratos y torturas. Órganos como la fiscalía o la Defensoría del Pueblo no realizan investigaciones imparciales y fomentan la impunidad.

-Se criminaliza a la oposición y a cualquier persona crítica con el gobierno.

-Dirigentes sindicales que exigen mejoras salariales y contractuales también son perseguidos.

-Para junio de 2019 se había levantado la inmunidad parlamentaria a 22 diputados opositores, y los ataques selectivos a familiares de opositores son parte de la “represión selectiva”.

-Uso excesivo de la fuerza en muchas manifestaciones pacíficas. Muchos manifestantes han sido detenidos arbitrariamente y torturado, y sus residencias allanadas de forma ilegal.

-Según la ONG Foro Penal Venezolano, más de 15 mil personas han sido detenidas por motivos políticos entre mayo de 2014 y mayo de 2019. Al 31 de mayo de 2019, 793 personas seguían detenidas arbitrariamente, y 8.598 habían sido liberadas con condiciones y afrontaban todavía actuaciones penales. Muchas han dejado el país por temor a ser detenidas de nuevo. El ACNUDH documentó detalladamente 135 de estos casos, y encontró reiteradas violaciones a la garantía de un juicio justo, y en la mayoría de estos casos se practicó tortura sobre los detenidos o tratos degradantes. También están documentados casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención.

-Las condiciones de detención no cumplen con las reglas internacionles mínimas sobre trato a reclusos. El centro de detención del Sebin, el Helicoide no cumple con los más mínimos requisitos.

-Tras entrevistar a los familiares de 20 personas muertas por la FAES, la ACNUDH alerta que estamos en presencia de todo un modus operandi para las ejecuciones extrajudiciales que terminan con un disparo en el tórax. Además los miembros del FAES suelen llevar a los cuerpos sin vida a los hospitales, presumiblemente para manipular los cuerpos y la escena del crimen. El gobierno suele describir estas muertes como causa de “resistencia a la autoridad”, y en 2018 nada menos que 5.287 muertes fueron enmarcadas en esta categoría. Además la ACNUDH documentó el caso de seis personas asesinadas por el FAES por participar en protestas antigubernamentales durante 2019.

-La población indígena (que representa el 2,5% de la población) ha visto vulnerados sus derechos económicos y sociales y han perdido el control de sus tierras por la minería y la extracción de minerales. También son víctimas de represión selectiva por oponerse al régimen.

-El éxodo supera los cuatro millones para junio de 2019 causado sobre todo por violaciones a los derechos a la salud y la alimentación.

-Obstáculos para o legalizar la documentación, lo cual vulnera el derecho de los venezolanos a salir de su país e incluso a tener una identidad.

-Por último, en sus conclusiones se dice que “Existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones a los derechos políticos y sociales”. Y que el gobierno ha cometido “numerosas violaciones a los derechos humanos”.


Imagen inicial: VK con insumos de Pixabay.

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Cifras de la inmigración ilegales y el escándalo de los centros de detención

Cifras de la inmigración ilegales y el escándalo de los centros de detención

Cifras y datos sobre los centros de detención en la frontera mexicana-estadounidense, que han generado una gran polémica en la opinión pública. ¿Cuántos inmigrantes ilegales atiende? ¿Viene la mayoría de México? ¿Son ciertos los reclamos de condiciones muy por debajo de lo necesario? ¿Es un problema orgánico o provocado?

(Julio 5, 2019 – Javier Brassesco). El propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) publicó un informe este martes en donde se alerta por las condiciones extremas en las que permanecen detenidos miles de inmigrantes ilegales en comisarías fronterizas.

Las fotos muestran un hacinamiento extremo, y uno de los funcionarios citados alerta que estamos en presencia de una “bomba de tiempo”.

El propósito del informe, según se afirma en el documento, es hacer que se conozca la gravedad del problema. Aquí algunas cifras y datos sobre estos centros de detención y sobre la inmigración ilegal en general.

-El DHS realizó una inspección el 10 de junio y para entonces la Patrulla Fronteriza tenía detenidos en cinco centros a unos 8 mil inmigrantes ilegales, entre ellos 2.669 menores de edad. Solo se trata de las comisarías de Rio Grande, al sur y este de Texas. Pero también se han denunciado condiciones de hacinamiento en la zona de El Paso.

-De estos 8 mil, 3.400 habían estado detenidos más de las 72 horas que establece la ley como límite para que sean procesados. Unos 1.500 estaban allí desde hace más de diez días. Había 50 niños menores de siete años y sin acompañantes que llevaban más de dos semanas esperando ser transferidos al sistema de servicios sociales.

-Estos lugares de detención son simplemente comisarías, no lugares habilitados especialmente para albergar a grandes cantidades de personas. Eso explica el hacinamiento que se puede ver en las fotos publicadas por el propio DHS.

-Las fotos han causado mucha conmoción porque no se conocía con detalle sobre esta situación: en estos centros de detención los periodistas tienen prohibida la entrada.

El jefe de Seguridad Nacional, Keven McAleenan ordenó además una investigación por mensajes “perturbadores e inexcusables” por parte de agentes fronterizos hacia estos inmigrantes en mensajes de Facebook.

La inmigración ilegal se dispara con Trump

-Las cifras de la inmigración ilegal están aún muy lejos del récord histórico del año 2000, cuando se procesaron 1,6 millones de detenciones, pero han subido de manera significativa en los últimos dos años.

-El pasado año fiscal fueron detenidas 521 mil personas en la frontera (casi el doble que el anterior), y este año ya van 594 mil y faltan cuatro meses para cerrar el año fiscal.

-Solo en febrero de este año se calcula que unas 76 mil personas sin papeles intentaron traspasar la frontera entre México y Estados Unidos, lo que duplica al año anterior.

Más de 90% de estos inmigrantes que cruzaron o intentaron cruzar la frontera en febrero provienen de Guatemala.

-Según cifras del gobierno mexicano, éste ha enviado a sus países de origen a unas 37 mil personas que intentaban  ingresar a Estados Unidos entre enero y abril de esta año. Durante todo 2018 fue de 110 mil y de 78 mil en 2017.

El Congreso aprobó la semana pasada 4.500 millones de dólares para atender esta situación, pero no está claro si los mismos serán destinados a mejorar las condiciones de estos centros, como quieren los demócratas, o a reforzar las fuerzas de seguridad.

Algunos analistas afirman que el gobierno bloquea el sistema a propósito para incrementar la sensación de caos en la frontera y poder tomar medidas drásticas.

-Ante el escándalo que provocó la publicación del informe del DHS, Trump dijo que “si los inmigrantes no están contentos en los centros de detención, que no vengan”. Trump ha intentado presionar para que se adopten leyes más severas contra la inmigración ilegal.


Imagen inicial: Google Images, búsqueda bajo «immigration detention centers».

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¿Se conocerán las pruebas del caso del Capitán Acosta Arévalo?

¿Se conocerán las pruebas del caso del Capitán Acosta Arévalo?

Probable. A menos que se filtren, pruebas forenses específicas del caso jamás serán presentadas por el Ministerio Público de un régimen con un récord de Derechos Humanos como el de Nicolás Maduro. Los indicios dejan poco espacio a dudas de que el capitán Acosta Arévalo fue torturado hasta la muerte. Pero en un país con opacidad procesal y justicia controlada desde el partido de Maduro, no hay posibilidad de que tales evidencias sean debidamente presentadas. La K amarilla representa la posibilidad de que tales pruebas aparezcan por caminos extraoficiales.

Actualización de Julio 2, 2019 – 9:45 am EST: Sobre el punto de las pruebas forenses de la muerte del Capitán Acosta Arévalo, la periodista Ibéyice Pacheco publicó un tuit:

Y luego un hilo que proporciona más detalles:

1. El caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo está registrado como el 242-19. La autopsia la hizo en la madrugada de su ingreso la supuesta anatomopatóloga Yannuacelis Cruz. El cuerpo se encuentra en una cava aparte, separado de otros que están en la morgue. Voy con hilo.

2. La orden es solo dar acceso a enviados del Ministerio Público. Hasta esta tarde ningún Fiscal había acudido por el caso a la morgue. Hay desconcierto y miedo en esa instalación.

3. La evaluación macroscópica, a simple vista, del cuerpo del capitán, muestra un gran morado en uno de sus hombros que probablemente sea una luxación. Típica lesión de un cuerpo que ha sido guindado. También es evidente una importante lesión en su nariz.

4. En la morgue se comenta que están demorando al máximo la entrega del capitán para que el cuerpo se descomponga y lograr ocultar así, la cantidad de hematomas que tiene.

5. Evidentemente este proceso se está llevando a cabo bajo las instrucciones de los mismos responsables de este crimen. No hay dudas de que el capitán fue torturado. Mensaje para

Vea el hilo original de Ibéyice Pacheco

La plataforma de tortura

La periodista Sebastiana Barráez publicó en Infobae un artículo en el que explica cómo funciona el aparato represor que tortura prisioneros políticos:

En la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se fue imponiendo desde hace tiempo, pero con mayor énfasis durante 2018 y lo que va del 2019, una estructura de poder para liquidar, por vía física pero sobre todo psicológica, a quienes caen detenidos por sospechas de conspiración. No son cubanos, son militares y policías venezolanos quienes lo hacen.

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El Jefe de la DGCIM es el mayor general (Ej) Iván Hernández Dala, que ha tenido una acelerada carrera de ascenso en la Fuerza Armada como hombre de confianza de Nicolás Maduro, no sólo como jefe de Contrainteligencia Militar sino de la Guardia de Honor Presidencial.

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La juez a través de subterfugios hace que los imputados sean asistidos por defensores públicos militares que por supuesto nunca los defienden, porque obedecen a sus jefes superiores.

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El otro elemento a considerar es un grupo de médicos forenses del Hospital de El Llanito, quienes se limitan a firmar las certificaciones sobre la situación de salud de los detenidos. Ellos omiten las marcas, moretones, golpes, heridas y cicatrices recientes de los militares presos.

Lea el resto del artículo en Infobae

(Julio 1, 2019 – Javier Brassesco / Fernando Nunez-Noda). El capitán de navío Rafael Acosta Arévalo fue detenido por las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro el 21 de junio junto a otros tres militares y dos policías judiciales, acusados de estar involucrados en un complot para asesinar a Maduro y otros altos funcionarios.

El activista Alonso Medina Roa, miembro del equipo de defensa de este grupo de militares, informó que Acosta murió en la madrugada del viernes, y que en su última aparición pública ante un tribunal militar estaba en silla de ruedas, con dificultades para hablar, el cuerpo lleno de marcas, las uñas con sangre y los ojos morados de tantas torturas que había recibido.

Su estado era tal que una juez militar ordenó que lo trasladasen a un hospital, y fue llevado a uno que está dentro del Fuerte Tiuna (una instalación militar en la capital), donde murió.

Por parte del régimen de Maduro hubo en principio un hermetismo total sobre este caso, y finalmente se pronunció el ministro de información Jorge Rodríguez el sábado por la noche, afirmando que el Ministerio Público realizaría una investigación sobre este “lamentable suceso”.

El propio Rodríguez había presentado el miércoles 26 un video en el que supuestamente (pues el mismo no pudo ser verificado de forma independiente) aparecía Acosta discutiendo un golpe de Estado en una llamada grupal.

De BBC

Hay un reporte sobre sus últimos momentos:

El pasado 29 de junio, Pérez recurría otra vez a las redes sociales para exigir al gobierno una «fe de vida» de su esposo. «Ni nos han confirmado dónde está detenido. Tememos por su integridad física», escribió en Twitter.

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Según contaría luego a Angola, Acosta había sido presentado el viernes ante una corte: «Estaba sumamente golpeado, en silla de ruedas, no podía hablar, nada. No se valía por sí mismo».

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«La jueza vio el estado en que estaba, lo llevaron al hospitalito allá en el Fuerte Tiuna (Caracas)», afirmó. «Tanto lo torturaron que lo mataron».

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Según dijo en un comunicado la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, cuando el capitán acudió a la corte estaba «en silla de ruedas, con la mirada absolutamente perdida y con evidentes signos de fuertes torturas».

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Según esta ONG, su condición «era tal que le era prácticamente imposible hablar, solo pudo pedirle ‘auxilio’ a su abogado defensor, también se denunció que no tenía coordinación motora y no podía levantarse de la silla».

Su abogado, Alonso Medina Roa, quien confirmó su muerte informó por Twitter el 29 de junio que su fallecimiento fue “producto de las salvajes torturas de las que fue víctima. Estas conductas las venimos denunciando, pero la complicidad de las instituciones permitió que llegáramos a ese extremo”.

Carla Angola, de EVTV, entrevistó a Waleska Acosta la esposa del capitán, quien apoyó la versión de muerte por maltrato físico producto de tortura:


Waleska Pérez, esposa del capitán, pidió este lunes en Twitter «apoyo internacional» para realizar un «examen forense independiente de la ONU» para determinar la causa de muerte de Acosta.

 

Nuestra validación

Así como las pruebas que presentó Rodríguez no pudieron verificarse, tampoco existe ninguna garantía de que el Ministerio Público, órgano afecto al oficialismo y con un fiscal general -Tarek William Saab- que fue impuesto por una Asamblea Constituyente sin legitimidad, realice investigación alguna. Cuando el concejal Fernando Albán murió en octubre del año pasado mientras estaba bajo custodia de funcionarios militares, también se prometió una investigación, pero más nunca se volvió a tocar el tema. Hay algo que no tiene discusión: el capitán Rafael Acosta Arévalo murió cuando estaba en custodia del régimen. Ergo, fue asesinado y seguramente de forma brutal tras ser sistemáticamente torturado. El estado en el que se presentó  el 28 de junio no dejaba lugar a dudas del maltrato recibido.

Y mientras este militar era torturado, Maduro estaba reunido con la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien declaró al concluir esta reunión que había acordado con el régimen venezolano evaluar medidas para prevenir torturas.


Imagen inicial: Google Images.

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